La iniciativa del Estado de Chile de hacer una gestión transparente es de sentido común loable. Claramente es muy bueno que todos los contratos, sueldos, y otros actos administrativos originados en su gestión estén al alcance de todos, de manera que los ciudadanos tengan acceso a dicha información si creen que algo no anda bien. Sin embargo la denominada transparencia activa, sistema por el cual es el Estado quien presenta dicha información públicamente sin que nadie se la pida, tiene ciertas connotaciones importantes de analizar.
De partida, me parece lógico que quién gestione un acto administrativo desde el aparato estatal, a sabiendas de que el mismo será publicado en Internet, intentará de todas las formas posibles de esconder o no publicar cualquier información que pueda llevar a cualquiera que investigue, deducir que se ha cometido algún ilícito. Es decir, que se publiquen todo tipo de documentos no asegura que TODOS los documentos están publicados, aún cuando la idea de transparencia activa así lo haga suponer. Luego, sería raro encontrar actos ilícitos publicados o, si encontramos algunos, quién los cometió debe irse para la casa más que por fresco, por tonto. Pero no es aquí donde me quiero detener.
Los ministros, subsecretarios, intendentes, seremis, etc., no optan a cargos públicos así como por concurso, son normalmente cargos de confianza y políticos, en donde ellos no solo tienen un trabajo remunerado, sino que además acumulan dividendos políticos según como sea su gestión. Ellos quisieron estar ahí, nadie los obligo. Sin embargo para muchos funcionarios públicos, trabajadores y profesionales que si han postulado a cargos públicos como todos los mortales, es su fuente de ingresos y nada más, y si bien también de una forma u otra quisieron trabajar para el Estado asumiendo todo lo que ello significa (aún cuando para muchos la implementación práctica de la ley de transparencia fue posterior a su ingreso al aparato estatal), no tienen muchas más alternativas. Luego, que sus datos de remuneraciones, contratos sociales según dictan los derechos de los mismos, etc., estén publicados a rasa tabla en Internet, ya no sé si es tan buena idea. Peor aún, si se observa que los mismos registros no tienen un mínimo de seguridad respecto de quién los ve, para qué la requiere, que información confidencial o personal se está publicando, etc., se podría transformar en una poderosa herramienta mundial de espionaje, extorsión, o cualquier acto ilegal que se les venga a la cabeza.
Para ponerlo simple, si una unidad contrata los servicios de sala cuna para un hijo de cualquier funcionario estatal, dicho contrato debe aparecer en Internet por ley. Luego, si alguien lo busca o lo encuentra, tiene todos los datos del hijo, su RUT, y lo más importante, a que sala cuna asiste. Es decir, si han leído mi blog sobre ingeniería social, cualquier maleante que quiera dañar a alguien podría raptarse al hijo de dicha funcionaria desde el sala cuna, solo tratando de convencer a las tías del jardín que tal persona lo envió a retirar al niño por alguna emergencia. Puede que lo vean algo complicado, simplista o exagerado, pero el punto adónde voy es que no entiendo porque los funcionarios del Estado deben estar tan expuestos en sus vidas personales solo por perseguir una idea loable pero con otra objetivo. Es más, el funcionario estatal debe aceptar que todos esos datos sean publicados en Internet porque así es la ley y punto, pero porqué debe aceptarlo su pareja? Imaginen a los padres separados, tienen alguna opción de indicarle a su pareja que no trabajen para el Estado dada esa exposición de los datos personales de sus hijos?
Y el tema es peor. Cuando los datos son publicados en Internet, ya es un camino sin retorno. Aun cuando los mismos sean sacados del sistema, ya sea por caducación del contrato u otro motivo, las copias permanecen por un largo tiempo en los buscadores como Google, y su reproducción es rápida y a escala mundial. Y respecto del riesgo, si bien todo esto es posible pero quizás poco probable, el impacto es infinito, así es que cualquier sistema de cálculo de riesgo encontrará que hoy el Estado de Chile está poniendo en riesgo INFINITO a todos sus trabajadores. Así de simple.
Dudo severamente que esa sea la intención de la transparencia activa. Pero en la práctica así funciona. No se trata de eliminarla, pero si se trata de hacer bien el trabajo, estudiar todos los posibles riesgos a que se ven hoy expuestos sus trabajadores por la idea de hacer más transparente la gestión, y publicar lo meramente indispensable. Es decir, en el mismo caso de la sala cuna, supongo que lo relevante es que tal servicio público contrato a tal empresa, por tal monto y por tal prestación, pero de ahí a publicar datos personales relevantes para la seguridad de las personas, creo hay una negligencia potencialmente criminal en no observar todos los ángulos del asunto. La ignorancia sobre riesgos de Internet de quienes gestionan la transparencia activa no es razón suficiente.
Esto es así y está ocurriendo en este preciso instante, mientras lees este post. Espero las mismas herramientas que mal usadas pueden dañarnos, las puedas utilizar para informar de algo que está sucediendo.
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